Organizaciones médicas demandan a RFK Jr. por cambios en las vacunas contra el COVID
Grupos médicos destacados han presentado una demanda federal contra el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., por sus recientes modificaciones a las recomendaciones de vacunación contra el COVID-19. La acción legal, liderada por la Academia Estadounidense de Pediatría, el Colegio Americano de Médicos y la Asociación Estadounidense de Salud Pública, sostiene que las decisiones de Kennedy debilitan la confianza pública en las vacunas.
La demanda, interpuesta en el tribunal federal de Massachusetts, cuestiona la exclusión de mujeres embarazadas y niños sanos del esquema nacional de vacunación contra el COVID, cambios implementados a finales de mayo. Los demandantes argumentan que esta decisión fue “arbitraria” y “caprichosa”, y que viola la Ley de Procedimientos Administrativos, que regula cómo deben establecerse las políticas federales.
Acusación de decisiones arbitrarias
The 42-page legal complaint asserts that Secretary Kennedy’s removal of targeted age and risk groups from the CDC vaccine recommendations was “arbitrary and capricious.” It also highlights the dismantling of the existing Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and its replacement with new members reportedly handpicked by Kennedy. The plaintiffs say the revised recommendations contradict established medical consensus and undermine decades of public health infrastructure.
Dr. Susan Kressly, president of the AAP, emphasized the gravity of the situation, stating that “experts have been dismissed, science disregarded, and our national vaccine framework jeopardized.” She warned that the implications could be far-reaching for pediatric health outcomes nationwide.
Impacto en los proveedores de salud y los pacientes
The complaint includes testimony from a Massachusetts-based physician, identified as “Jane Doe,” who is pregnant and now uncertain about her ability to receive a COVID-19 vaccine at work. This example underscores the broader impact on both providers and patients, particularly vulnerable populations.
Richard H. Hughes IV, abogado de los demandantes, explicó que el objetivo del caso es restablecer las pautas anteriores mientras se solicita una revisión judicial de las supuestas violaciones de procedimiento cometidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
En respuesta, un portavoz del HHS declaró que el secretario “respalda plenamente sus reformas” y considera que las nuevas recomendaciones están alineadas con las prioridades actualizadas de la agencia.
Preocupaciones más amplias sobre los cambios en la política de vacunación
Observadores como James Hodge, director del Centro de Derecho y Políticas de Salud Pública de la Universidad Estatal de Arizona, señalaron que la demanda refleja una preocupación más amplia sobre cómo las agencias federales manejan la política de vacunas bajo el liderazgo actual. Aunque no participa directamente en la demanda, Hodge sugirió que omitir mecanismos de asesoría formal como el ACIP podría representar desafíos a largo plazo para una elaboración de políticas transparente.
El caso pondrá a prueba si la administración de Kennedy cumplió con los protocolos exigidos por ley y si se incorporó adecuadamente la experiencia médica en la toma de decisiones de salud pública. Con más del 70% de los estadounidenses habiendo recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, según datos del CDC, sigue siendo crucial mantener la confianza del público.
