La recolección de datos sobre millones de personas que accedieron al programa SNAP genera controversia legal
Una coalición de 21 estados y el Distrito de Columbia ha presentado una demanda contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) debido a una solicitud federal para que los gobiernos estatales entreguen información personal detallada de los solicitantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de los últimos cinco años.
La información solicitada incluye nombres, números de Seguro Social, fechas de nacimiento, direcciones, estatus migratorio y datos de otros miembros del hogar. El USDA estableció como fecha límite el 30 de julio para que los estados presenten esta información y ha advertido que podrían suspender fondos a quienes no cumplan con el requerimiento.
Preocupaciones legales y de privacidad
Los fiscales generales estatales que lideran la demanda argumentan que la solicitud vulnera leyes federales de privacidad, así como los protocolos establecidos por el propio USDA. La demanda solicita que se impida al departamento condicionar fondos a la entrega de esta información o continuar con el requerimiento.
Aunque el USDA ha indicado que la recopilación de datos busca reforzar la integridad del programa SNAP y evitar fraudes, los demandantes sostienen que ya existen mecanismos de auditoría para esos fines que no requieren datos identificativos.
La medida ha generado preocupación en torno a su posible efecto disuasivo, especialmente en familias con estatus migratorio mixto. Algunos funcionarios aseguran haber recibido informes de familias que, por temor, han optado por no solicitar beneficios a pesar de que sus hijos son elegibles.
Antecedentes y próximos pasos
Esta es la segunda demanda presentada contra el plan de recolección de datos del USDA desde mayo. En paralelo, el departamento ha señalado que podría compartir la información recopilada con otras agencias gubernamentales, incluso extranjeras, si se detectan posibles violaciones legales.
Más de 40 millones de personas reciben beneficios de SNAP cada mes en Estados Unidos. Tradicionalmente, los datos recolectados han sido administrados por los estados, sin ser centralizados a nivel federal. Ahora, el proceso enfrenta resistencia legal que podría determinar los límites de esta política en los próximos meses.
